Los diputados de la Comisión Legislativa de Modernización y de Reforma del Estado dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley del Gobierno que otorgaría mayores potestades al ministro de Ambiente de turno.
Se trata de una reforma a la estructura del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El expediente 23.213, que ahora pasará al plenario para que los diputados presenten mociones de cambio, eliminaría la figura jurídica de desconcentración máxima de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Comisión Nacional para la Gestión de la biodiversidad (Conagebio).
Setena, por ejemplo, seguirá teniendo independencia técnica, pero deberá responder directamente al ministro, sin que este superior avoque, revise o sustituya competencias de este órgano de rango inferior, pero sí podrá emitir instrucciones o circulares, y tendrá potestades de vigilancia o fiscalización y disciplinaria.
“La Setena conserva la facultad de emitir resoluciones y revocarlas, pero los demás medios recursivos se deben presentar ante el superior jerárquico que será el ministro (a), quien agota la vía administrativa, de conformidad con los principios que rigen la competencia, entre ellos, el principio de legalidad”, dice un informe de subcomisión que recomendó el texto sustitutivo dictaminado.
“Es importante recalcar que la modificación es a la estructura institucional, no a la competencia en materia ambiental de la Setena”, añade el informe.
Las mismas potestades se asignarían al ministro para los casos del Sinac y Conagebio. Para Conagebio se crearía una comisión asesora y consultiva técnica que estará integrada por representantes de seis instituciones y dos asociaciones, sin la participación de las universidades públicas.
A estos órganos se les otorgaría un grado de desconcentración mínima, con tal de que el jerarca pueda recuperar facultades.
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En tanto, el proyecto del Minae elimina y centralizar las funciones de los órganos desconcentrados del Parque Marino Ballena, Manuel Antonio y la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (Concure).
En el caso de la Setena, la reforma mantiene la designación de un secretario general para que dirija el órgano y sea el responsable directo ante el ministro, sin que se debilite la relación jerárquica.
Sin embargo, elimina la junta directiva integrada por representantes de los ministerios de Salud, MOPT, Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de las universidades públicas.
Con la reforma, el secretario general deberá apoyarse en un consejo asesor, cuya conformación se propone imparcial, y podrá nombrar comités de asesores de expertos para resolver asuntos complejos.
“La eliminación de la Comisión Plenaria (Junta Directiva) va a permitir agilizar el flujo de trabajo y el proceso de toma de decisión a lo interno de la Setena. Más aún, se observa en forma positiva con la redacción propuesta en la moción de texto sustitutivo adjunto, que no se tiene duplicidad de funciones.
“De dicho texto se desprende que, con la modificación a un órgano de desconcentración mínima, el flujo de trabajo sobre el análisis técnico de los expedientes que hace la Unidad Técnica, y su respectivo informe técnico, se enviaría directamente al secretario general, siendo que tales análisis están basados en la ciencia, la técnica y la norma claramente establecida para los procesos de evaluación ambiental, lo que fortalece a la institución y los principios que persigue”, argumenta el informe de subcomisión.
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El dictamen lo aprobaron siete legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) sobre un texto sustitutivo. En contra votó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, quien se opone a la reforma.
Una reforma parecida discute esta misma comisión sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Por otra parte, el proyecto mantiene el incremento de tres impuestos para financiar el sistema de Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio Natural del Estado.
La reforma sustituiría los timbres actuales de montos fijos por aportes solidarios que corresponderían a porcentajes del salario base del Poder Judicial:
- Subiría de ¢500 a un monto de ¢23.110 el aporte por traspaso o inscripción de vehículos en el Registro Nacional. El tributo equivaldría a un 5% del salario base.
- Pasaría de ¢5.000 anuales a ¢46.220 la contribución que pagan cada año los negocios donde se vende y consume licor (10% del salario base). Este costo recae sobre bares, restaurantes, clubes sociales, salones de baile y hoteles.
- Aumentaría de ¢250 a ¢4.622 el aporte que pagan los usuarios por cada solicitud de pasaporte o salvoconducto ante la Dirección General de Migración y Extranjería (1% del salario base).
